¿Qué es la Ley Antifraude?
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocida popularmente como Ley Antifraude, nace, principalmente, para evitar irregularidades en la gestión de gastos empresariales. Pretende acabar con los softwares de doble uso utilizados para llevar una contabilidad paralela y con la omisión de ciertas transacciones, entre otros.
Una de las consecuencias más directas es la necesidad de contar con programas informáticos adaptados a la nueva normativa. Según se desprende del texto, los programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión deben garantizar «la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.
Según se desprende del texto publicado en el BOE, la pieza fundamental del sistema es la capacidad de generar y almacenar de forma segura los registros de facturación. Para ello, los registros informáticos de facturación de ‘alta’ deberán incluir, entre otros datos:
- Número de identificación fiscal y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura.
- El número y, en su caso, serie de la factura.
- La fecha de expedición de la factura y la fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan en ella.
- El tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o simplificada
- La descripción general de las operaciones y el importe total de la factura.
- Indicación del régimen o regímenes aplicados a las operaciones documentadas a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, o de otras operaciones con trascendencia tributaria.
¿Qué es un software de doble uso?
Un software de doble uso, también conocido como programa de doble facturación, permite a las empresas llevar una contabilidad paralela. En otras palabras, facilita ocultar una parte de los ingresos para evitar el pago de impuestos como el IVA o el IRPF.
Una práctica habitual entre empresas que manejan pequeñas transacciones en efectivo es no registrar algunas operaciones en su sistema de facturación, lo que impide la emisión de un ticket o factura al cliente. Aquí es donde entra en juego el software de doble uso, que permite llevar una contabilidad para Hacienda y otra, no declarada, para la empresa. Estos programas son ilegales, y la Ley Antifraude 11/2021 impone multas de hasta 50.000 euros a quienes los utilicen.
La Ley Antifraude Fiscal hace especial hincapié en el software de doble uso.
Hace mención expresa a la prohibición de producir, disponer, emplear o comercializar estos programas informáticos, por su ocultamiento de la actividad empresarial y el objetivo de trabajar con una contabilidad B.
Los datos contables y de gestión cuentan, bajo el amparo de la nueva ley, con una mayor protección en aras de promover la lucha contra el fraude. Se establece un régimen sancionador vinculado a los mismos, estableciendo pautas muy concretas relativas no solo a la producción, sino también a la tenencia de estos sin la correcta certificación.
Por otro lado, la normativa refuerza el control fiscal de las criptodivisas. De este modo, se establecen obligaciones de información acerca de las operaciones económicas vinculadas a las monedas virtuales a través de la presentación del nuevo Modelo 721.
¿Vas a poder seguir utilizando el Excel?
Si en tu empresa o negocio sigues utilizando hojas de cálculo, deberías ir pensando en dar el salto hacia la gestión digital, puesto que los programas como el Excel no cumplen con los requisitos anteriormente mencionados.
- No están debidamente certificados.
- No utilizan formatos estándar para su legibilidad.
- No garantizan la integridad de los datos que se registran en ellos
- No garantizan la conservación de la documentación que sirva de base a la presentación de las declaraciones tributarias.
- Dificultan el acceso de la Agencia Tributaria.
- No garantizan la trazabilidad.
- Los datos pueden alterarse.
Principales medidas a aplicar
Aparte de perseguir las cajas B, la Ley contra el Fraude Fiscal contempla una serie de medidas para evitar la evasión fiscal:
- Los pagos en efectivo entre particulares y empresas quedan limitados a 1.000 euros (entre particulares sigue siendo de 2.500 euros)
- Desaparecen los incentivos fiscales relacionados con los pactos de sucesión o herencias en vida
- Del mismo modo, desaparecen las amnistías fiscales y se amplia el concepto de Paraíso Fiscal
- Se modifica el impuesto de matriculaciones
- Aumenta el control de las criptomonedas
- El umbral de deuda para que un contribuyente, empresario o particular pueda aparecer en la lista de deudores de Hacienda baja hasta los 600.000 euros
- Se reducen los recargos por presentar impuestos fuera de plazo (un 1% por cada mes de retraso hasta los 12 meses)
¿A quién afecta la Ley Antifraude 11/2021?
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, será de obligado cumplimiento para empresas y autónomos que emitan facturas. Por tanto, va siendo hora de empezar a analizar el impacto en las empresas.
Los nuevos plazos serán el 1 de enero de 2026 para personas jurídicas y el 1 de julio de 2026 para personas físicas. A partir de esa fecha, los autónomos y empresas que emitan facturas estarán afectados. Solo quedarán excluidos quienes estén ubicados en Canarias, Ceuta, Melilla, en los territorios forales o se hayan acogido al Suministro Inmediato de Información (SII).
Los fabricantes y comercializadores de softwares de contabilidad también se verán afectados, puesto que estas soluciones deberán estar homologadas por la Agencia Tributaria obligatoriamente.
Al margen, claro está, de cumplir con el resto de los requisitos establecidos por la Ley Antifraude. En este punto es importante recordar que las facturas que se emitan deberán ser electrónicas e incorporar un código QR y una huella digital (para identificar la factura anterior). Además, los documentos tienen que llevar un código para que pueda remitirse a Hacienda de forma automática.
Sanciones por incumplimiento de la Ley Antifraude
El no cumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones económicas importantes.
- Pasarse del límite de 1.000 euros de los pagos en efectivo conlleva una multa equivalente al 25% de la operación
- Hasta 50.000 euros de sanción por la tenencia de programas no certificados o la alteración de programas certificados
- Multas de hasta 150.000 euros para fabricantes, productores o comercializadores de un software que no esté homologado por la administración.
- Desde la publicación de la Ley Antifraude, Hacienda lleva revocado el NIF a un millón de empresas fantasma.
Ley Antifraude VS la Ley Crea y Crece
A pesar de tener varias cosas en común, estas normativas son diferentes.
- La Ley Antifraude se concentra en luchar contra el fraude fiscal, enfocándose en los programas de doble uso que permiten llevar una contabilidad en ‘B’.
- La Ley Crea y Crece tiene como objetivo fomentar la creación de empresas de una manera sostenible.
Lo que tienen en común estas normativas es que obligan el uso de un programa de facturación en la nube que permita emitir facturas electrónicas.
Recomendaciones para autónomos y empresas
Dirigir una empresa implica más que ofrecer un buen producto o servicio; la gestión interna, como la facturación, es fundamental para su salud financiera. Sabemos que los cambios legales que trae la Ley Antifraude pueden ser abrumadores, especialmente si tu empresa aún utiliza hojas de cálculo o métodos manuales.
Por eso, te recomendamos que inviertas en un sistema de facturación homologado. Esto te ayudará a cumplir con la ley y evitar sanciones, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio y aportar valor a tus clientes.
El pasado 28 de octubre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden HAC/1177/2024, un desarrollo normativo clave en el ámbito de la facturación digital. Este avance, parte del marco del artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria, introduce el sistema Verifactu, impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT), que transformará los procesos de facturación de empresarios y profesionales en España.
Verifactu es un sistema diseñado para garantizar la integridad, trazabilidad y autenticidad de las facturas. Este cambio busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, añadiendo nuevos elementos de seguridad a las facturas, cómo el código QR y la firma electrónica.
El objetivo es facilitar el control y la verificación de las transacciones y, cuando sea necesario, su envío a la Agencia Tributaria.
Verifactu afecta además a todo el territorio nacional exceptuando los territorios forales, que cuentan con su propio sistema y funciona de manera similar (Ticket BAI).
La fecha original del 1 de julio de 2025 ha sido extendida para facilitar la adaptación de los sistemas a los nuevos requisitos.
Los nuevos plazos serán el 1 de enero de 2026 para personas jurídicas y el 1 de julio de 2026 para personas físicas. Las únicas excepciones a esta normativa serán los territorios forales y las empresas acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII).
Este cambio implica que las empresas deberán adaptar sus sistemas de facturación para incluir los requisitos técnicos de Verifactu. La normativa exige elementos como:
- Código QR: permitirán la verificación rápida y sencilla de la factura.
- Firma electrónica: garantizará la autenticidad e integridad del documento.
Los desarrolladores y proveedores de software de facturación tendrán un plazo de adaptación de nueve meses, hasta el 29 de julio de 2025, para cumplir con estos requisitos.
