Es necesario que los gobiernos legislen a favor de garantizar que todos los comercios acepten el uso de efectivo con monedas y billetes, según las conclusiones a las que se ha llegado en el debate «El dinero en efectivo, una cuestión de derechos», organizada por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
En la jornada han participado Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, y Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del propio instituto.
“En EEUU, en el distrito de Washington, cuando algunos restaurantes comenzaron a negar el pago en efectivo, los ciudadanos con menos recursos se vieron excluidos y discriminados”, comentaba Carbó.
El pasado mes de marzo, el Consejo Económico y Social de la Unión Europea (CESE) aprobó un dictamen sobre la Estrategia de Pagos Minoristas en el que recalcaba que el uso de efectivo es de «una enorme importancia para la inclusión social y el acceso a los servicios básicos» y que, a pesar de que la pandemia ha acelerado el crecimiento de los nuevos modelos de pago digitales, el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido de los consumidores en sus puntos de venta y en las transacciones minoristas entre particulares.
«Porque impedir o dificultar el acceso al dinero efectivo no hace otra cosa que incrementar la desigualdad y fomentar un reparto injusto de la riqueza», ha reflexionado.
Un reciente informe de la ONU ya advierte de los peligros de una sociedad «sobredigitalizada» y de cómo las tendencias negativas de la digitalización representan obstáculos a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Por lo que la regulación siempre va a defender la existencia y convivencia del uso del efectivo en la sociedad.
¿Cómo puede complementar el uso de efectivo a los medios de pago electrónicos?
- Aportando mayor privacidad a las transacciones. De hecho uno de los retos a los que se está enfrentando la sociedad de la digitalización es a la privacidad de la información del individuo.
- Aportando mayor seguridad a los usuarios. El 88% de los ciberdelitos están vinculados a usurpaciones de identidad en los pagos electrónicos
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